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5 de octubre 2015
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Coalición de derechos civiles continúa batalla en contra de la ley antiinmigrante de Arizona SB 1070
PHOENIX—Los demandantes en la demanda federal para impugnar la constitucionalidad de la ley SB 1070 de Arizona, Valle del Sol vs. Whiting, anunciaron el lunes que apelarán parte de la decisión de juicio sumario del tribunal de primera instancia de la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones.
"Mientras que muchos aspectos de la ley anti-inmigrante de Arizona se han desmantelado en el transcurso de una batalla jurídica de 5 años, la más reciente decisión de la corte de distrito dejó intactas algunas de las disposiciones más vergonzosas y discriminatorias de la ley", dijo Karen Tumlin, directora jurídica del Centro Nacional de Leyes Migratorias (NILC por sus siglas en inglés), abogada que representa a los demandantes en este caso. "Estamos seguros de que el fallo se revocará en la apelación, y trabajaremos junto a nuestros valientes demandantes para conducir a Arizona hacia la implementación de políticas que sean inclusivas y humanitarias—no alimentadas por el odio y la animadversión racial".
"Mediante este litigio, hemos eliminado todas las disposiciones penales de la SB 1070. Como resultado, Arizona es un lugar más seguro para la gente de color que cuando esta ley fue aprobada hace cinco años", dijo Jorge Castillo, abogado del Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF por sus siglas en inglés), quien también representa a los demandantes. "La apelación que interpusimos hoy ayudará a completar el trabajo en contra de una ley que fue un error desde el principio".
Salvador Reza, representante del Instituto de Desarrollo Comunitario Tonatierra, una de las organizaciones demandantes, dijo que "Todos los habitantes de Arizona, independientemente de su apariencia o del idioma que hablen, deben ser tratados igualitariamente ante la ley. Ninguna ley que se base en la discriminación y la práctica del perfil racial debe prevalecer". Por su parte, el demandante Jim Shee, declaró que “Todas las comunidades—asiáticas, latinas y afroamericanas—deben unirse para derogar esta ley de odio de una vez por todas”. Sheen añadió que “esta apelación es otro paso importante para que personas de todo el estado demuestren que no soportarán la intolerancia y el odio”.
Alessandra Soler, directora ejecutiva de la ACLU de Arizona, dijo que “la SB 1070 fue modelada con base a las políticas divisivas y motivadas por la raza del alguacil del Condado Maricopa Joe Arpaio”. Soler señaló que “la práctica del alguacil Arpaio de basarse en la apariencia física de los latinos fue declarada inconstitucional hace años, y la ley de ‘muéstreme sus papeles’ no es diferente. A pesar de la propuesta del gobernador Ducey de cambiar la imagen del estado a la de un lugar inclusivo, su continua defensa de la SB 1070 sirve como un recordatorio de que Arizona aprueba políticas que se basan en la raza”.
En septiembre, la juez de la Corte de Distrito de EE.UU. Susan Bolton, emitió una orden bloqueando de forma permanente las disposiciones punitivas e inconstitucionales de la SB 1070 dirigidas a suprimir los derechos a la libertad de expresión de los jornaleros que viven y trabajan en Arizona. No obstante, la juez Bolton permitió que dos de las leyes más perjudiciales permanecieran vigentes: la Sección 2(B), la cual requiere a los cuerpos de policía determinar el estatus de inmigración de cualquier persona que detengan o arresten, si “existe una sospecha razonable de que la persona… está ilegalmente presente en los Estados Unidos”, así como la Sección 2(D), la cual autoriza a la policía trasladar a las personas a la custodia de funcionarios federales de inmigración.
Además de Tonatierra y Shee, los demandantes del caso incluyen a sindicatos laborales, organizaciones comunitarias, cámaras de comercio e individuos.
Aparte de la ACLU de Arizona, MALDEF y el NILC, el equipo de asesoría jurídica de los demandantes incluye al Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Americana de Libertades Civiles, Asiáticos-Americanos Promoviendo la Justicia–Los Ángeles, la Red Nacional de Jornaleros, el Buffet Jurídico Ortega C.P., así como Munger, Tolles y Olson SRL y Altshuler Berzon SRL.
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