En Ortega Melendres v Arpaio, un caso que se inició en 2008, la ACLU de Arizona y otras organizaciones de derechos civiles representan a  varios individuos y la organización, Somos América en una demanda colectiva contra el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio, la Oficina del Sheriff del Condado de Maricopa (MCSO por sus siglas en inglés) y el condado de Maricopa sobre discriminación racial contra los latinos.

La demanda acusó que Sheriff Arpaio y el MCSO ilegalmente instituyeron un patrón y práctica durante las barridas de inmigración y los retenes de tráfico en cual las investigaciones y detenciones fueron motivadas por raza y origen étnico de conductores y pasajeros. Estas prácticas del MCSO resultaron en la violación de la Cláusula de Igual Protección de la Decimocuarta Enmienda y resultaron en paradas de tráfico y detenciones prolongadas sin fundamento que violan la Cuarta Enmienda de la Constitución de los EE.UU.

En julio de 2012, la ACLU y sus socios participaron en un histórico juicio en la corte federal que obligaba a Arpaio de explicar sus políticas indebidas e ilegales y defender sus prácticas policiales discriminatorias frente a un juez. Los demandantes presentaron muchos testigos, incluyendo Arpaio y oficiales de MCSO, el desarrollo de cientos de páginas de pruebas que demostraban MCSO actuaba sobre quejas y solicitudes de operaciones racialmente cargadas. Las estadísticas de estas operaciones han demostrado que las personas latinas fueron atacados y desproporcionadamente detenidos a base de violaciónes de tráfico pre-textuales. Estas y otras acciones crearon una cultura de agencia que alienta la discriminación y los prejuicios raciales.

El 24 de mayo de 2013, el juez G. Murray Snow dictó una orden de 142 páginas, encontrando que las políticas y prácticas de Arpaio y de su oficina son discriminatorias y violan los derechos fundamentales protegidos por la Constitución de los EE.UU, el Título IV de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Constitución de Arizona.

La comunidad latina en Arizona finalmente tuvo confirmación de sus cargos de abusos y el terrorismo por el sheriff y MCSO; las comunidades de color a lo largo de los EE.UU. elogiaron esta decisión histórica. Fue la primera confirmación independiente de los actos ilegales y perjudiciales cometidos a gran escala por Arpaio y su agencia.

En su orden, el juez Snow estableció requisitos de largo alcance para prevenir el continuo perfil racial por el alguacil Arpaio y el MCSO incluyendo la designación de un monitor independiente y un consejo consultivo de la comunidad para supervisar el cumplimiento de MCSO con la orden.

La ACLU de Arizona ha sido nombrado representante de los demandantes durante el período de reforma, que durará al menos tres años, y está trabajando con el monitor  y el consejo de la comunidad para asegurar que los cambios se lleven a cabo dentro de la MCSO.

Para mas información sobre esta campaña , visite esta página de web.