LOS ÁNGELES – Un juez federal de distrito ordenó que la Agencia de Inmigración y Aduanas de los EE.UU., el Fiscal General y la Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración provean representación legal a los inmigrantes con discapacidades mentales detenidos que se enfrentan a la deportación y que no pueden defenderse adecuadamente a sí mismos durante las audiencias de inmigración.
El fallo fue emitido a raíz de una acción colectiva y es el primero de su tipo en favorecer a los inmigrantes detenidos que con frecuencia se consumen en los centros de detención durante años sin acceso a representación legal.
La Corte Distrital de los EE.UU. del Distrito Central de California dictó hoy la sentencia a favor de los demandantes en el caso Franco-Gonzalez v. Holder, la cual beneficia a ciertos detenidos en Arizona, California y Washington. La decisión se pronuncia después de más de tres años de que José Antonio Franco-González, inmigrante mexicano que padece de una discapacidad cognitiva y que estuvo detenido en un centro de detención migratorio federal durante casi cinco años sin tener acceso a una audiencia o a un abogado, interpusiera una demanda. En el 2010, los demandantes decidieron extender el alcance de la querella para incluir las inadecuadas acciones gubernamentales transformando la demanda en una acción colectiva.
En la sentencia, la Juez Dolly M. Gee determinó que en este caso, un abogado de oficio “es el único medio a través del cual” estos inmigrantes pueden defenderse. Además, la Corte criticó al gobierno por no contar con salvaguardas para proteger a esta población altamente vulnerable: “En este caso…la base de la querella de los Demandantes es la ausencia de procesos significativos que protejan” a los detenidos con discapacidades mentales. Como resultado, la Corte ordenó que se proporcione representación calificada a costa del gobierno a estos detenidos con severas discapacidades mentales y que se realicen audiencias de fianza para evitar que permanezcan detenidos por periodos prolongados.
“El fallo de hoy asegura que los inmigrantes con discapacidades mentales detenidos finalmente cuenten con la representación legal que necesitan”, dijo Ahilan Arulanantham, abogado de la ACLU del Sur de California y del Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “A medida que nuestro país progresa hacia la implementación de una reforma migratoria con sentido común, debemos recalcar la protección de los derechos de los grupos vulnerables atrapados en las prisiones migratorias. Proporcionar representación legal a las personas con discapacidades mentales significativas no solo es legalmente razonable, sino que también es la única forma de operar nuestro sistema migratorio de forma humanitaria.”
Además de la ACLU, el Defensor Público, el Proyecto de los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, los Servicios para la Defensa de la Salud Mental y la firma de abogados Sullivan & Cromwell defendieron a la clase de inmigrantes que se beneficiaran de la decisión de la corte.
“La decisión de la corte proporciona una protección crucial a las personas vulnerables que han sido detenidas por motivos migratorios, algo particularmente importante aquí en San Diego en donde existe un prominente centro de detención migratorio en el que una cantidad considerable de detenidos padecen discapacidades mentales”, dijo Sean Riordan, abogado de la ACLU de los Condados de San Diego e Imperial.
Franco-González, quien en la actualidad tiene 33 años, se vio forzado a defenderse a sí mismo a pesar de que un psiquiatra determinó que no conocía lo básico de los casos de inmigración y que no sabía cómo defenderse.
A pesar de que los jueces regularmente nombran abogados de oficio dentro del sistema judicial penal, las cortes y centros de detención migratorios no cuentan con salvaguardas para asegurar la representación legal de los inmigrantes. Unos 34,000 inmigrantes son detenidos diariamente y el gobierno calcula que más de 1,000 de ellos padecen de algún tipo de discapacidad mental. Antes del fallo de hoy, no se garantizaba que ninguna de estas personas contara con representación legal aunque tuvieran muchas dificultades para tratar de defenderse a sí mismos en los complicados juicios en su contra.
La propuesta de la ACLU para una reforma migratoria incluye lineamientos que abordan los problemas del debido proceso dentro del creciente sistema carcelario migratorio de nuestra nación y resalta la necesidad de proveer representación legal en los casos migratorios. Más de la mitad de las personas en los casos migratorios no cuentan con representación legal, incluyendo 84% de los detenidos.
Para más información acerca del caso Franco-González vs. Holder, incluyendo copia del fallo de hoy visite: aclu.org/immigrants-rights/franco-gonzales-v-holder
Puede encontrar el marco de la ACLU para la reforma migratoria visitando: aclu.org/immigrants-rights/aclu-framework-immigration-reform
