PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA Miércoles, 12 de junio 2013
CONTACTO: Alessandra Soler, ACLU de Arizona, 602-773-6006 (oficina) ó 602-301-3705 (celular) Jess Jollett, ACLU de San Diego, 619-398-4484 (oficina) ó 619-203-0959 (celular)
SAN DIEGO Y PHOENIX – Con el fin de asegurar que las agencias fronterizas sean más responsables respecto a las leyes, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) anunció hoy el lanzamiento de un nuevo Proyecto Fronterizo de Litigio para investigar, documentar y litigar casos civiles y humanos a lo largo de la frontera EE.UU.-México. La nueva iniciativa permitirá a la ACLU incrementar su capacidad a lo largo de la frontera Suroeste al contratar a dos nuevos abogados como personal de turno completo en San Diego y Tucson.
El anuncio de hoy surge mientras el Senado se prepara para abordar un prolongado debate sobre la propuesta de reforma a las leyes de inmigración de la nación. La propuesta legislativa implementaría nuevas y costosas medidas que van desde contratar más agentes de la Patrulla Fronteriza hasta expandir la Operación Streamline, un programa en el sector Tucson que procesa jurídicamente a personas en masa por ingreso ilegal a los Estados Unidos
“En los últimos ocho años, mientras que los niveles del gasto público a lo largo de la frontera EE.UU.-México han incrementado dramáticamente, también ha habido un incremento en violaciones de derechos humanos y civiles que se derivan de la falta de supervisión de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.”, dijo Alessandra Soler, directora ejecutiva de la ACLU de Arizona. “Durante más de 90 años, la ACLU ha trabajado para asegurarse de que todas las personas en los Estados Unidos gocen de garantías constitucionales del debido proceso y trato justo. Estas protecciones legales que existen desde hace mucho tiempo deben defenderse para todas las personas que viven y trabajan en nuestras comunidades fronterizas”.
La nueva iniciativa permitirá a la ACLU de Arizona, por primera vez, tener un abogado como parte del personal en Tucson que se encargará exclusivamente de asuntos relacionados a la frontera.
La ACLU ha actuado en respuesta al aumento del número de abusos graves de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP por sus siglas en inglés), y otras agencias federales que trabajan a lo largo de la frontera EE.UU.-México al aumentar su presencia en la región. En 2006, la ACLU de Nuevo México fundó el Centro Regional para Derechos Fronterizos, y en 2011, la ACLU de Texas abrió una oficina en la frontera en Brownsville.
“Con el Proyecto Fronterizo de Litigio, esperamos abordar las causas profundas del abuso en la frontera—descuido de normas legales, falta de rendición de cuentas y omisión, y una cultura que ha tolerado la impunidad de la mala conducta”, dijo Kevin Keenan, director ejecutivo de la ACLU de San Diego. “Para la ACLU, el proyecto también representa otra innovación importante en la colaboración entre afiliados”, la cual ha atraído la atención de fundaciones nacionales así como de funcionarios electos de todo el país.
En años recientes, personal de la ACLU en Texas, Nuevo México, San Diego y Arizona han colaborado en la defensa conjunta como “Afiliados de la ACLU de la Frontera Suroeste”. En mayo 2012, los grupos presentaron un reclamo conjunto a la Oficina de Seguridad de los Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina del Inspector General para documentar 13 incidentes graves de abuso de CBP en los puertos de entrada, incluyendo un incidente de mayo 2010 que involucró a Anastasio Hernández Rojas, un trabajador de la construcción de 42 años de edad y padre de cinco hijos que murió después de haber sido golpeado y después impactado por una Taser (pistola eléctrica) por un grupo de oficiales de CBP en el puerto de entrada de San Isidro. El reclamo también citó la trágica muerte de Adrián Hernández Güereca, un adolescente de 15 años de edad, que fue baleado mortalmente por un oficial de CBP después de que según se dijo aventará piedras a los oficiales cerca del puerto de entrada de El Paso.
El Proyecto Fronterizo de Litigio es posible gracias a un subsidio de tres años de $450,000 del Fondo de Beneficencia de la Familia Price (Price Family Charitable Fund) en San Diego. Mitra Ebadolahi, una abogada previamente con la Oficina Nacional de la ACLU, comenzó a trabajar el primero de mayo como la nueva litigadora fronteriza en San Diego. La posición de Tucson está siendo financiada por un subsidio de dos años de $300,000 de la Alianza Migratoria de América Central y México (CAMMINA por su siglas en inglés), financiada por la Fundación Ford, Fundaciones Sociedad Abierta (Open Society), y la Fundación Avina, y estará integrada por el abogado del personal de la ACLU de Arizona James Duff Lyall, comenzando en junio. La misión de CAMMINA es promover los derechos de los migrantes y contribuir a la sostenibilidad económica de las comunidades a través de cambios de larga duración en las políticas, haciendo de la migración una opción y no una necesidad. Ambos subsidios incluyen recursos para la contratación de servicios para llevar a cabo investigaciones exhaustivas sobre abusos en la frontera y para organizar reuniones de litigantes y defensores estratégicos enfocados en problemas fronterizos.
“El éxito de este proyecto dependerá en gran medida de nuestra capacidad para construir fuertes relaciones de trabajo y alianzas con grupos en ambos lados de la frontera EE.UU.-México”, añadió Soler. “Dado el aumento de la presencia de proveedores de servicios directos y organizaciones de defensa a lo largo de la frontera, la coordinación y la colaboración será fundamental, lo que nos permitirá aprender unos de otros y desarrollar las mejores prácticas en lo que respecta al intercambio de información, comunicaciones y documentación del abuso. Más importante, empero, a través de reflexión colectiva con grupos en los EE.UU. y México nos ayudará a desarrollar estrategias concretas a corto y largo plazo y que al final nos ayudarán a hacer un impacto aún mayor”.
Pulse aquí para leer las biografías completas de los nuevos abogados de litigio trabajando en San Diego y Tucson.
James Duff Lyall (comenzó el 12 de junio 2013) se integró a la ACLU como abogado del personal en septiembre 2011 y se ha especializado en litigio de derechos civiles, incluyendo los expedientes de la ACLU de prisioneros e inmigrantes. Él es un ex Pasante en Derecho de Georgetown con el Proyecto Esperanza para Derechos de Inmigrantes en Los Ángeles, donde él proveyó representación legal sin costo a inmigrantes detenidos en procesos de deportación. Después, como Pasante en Derecho con Niños en Necesidad de Defensa (KIND por sus siglas en inglés), él se especializó en representar a niños inmigrantes no acompañados en los procesos judiciales estatales y federales, incluyendo casos de Asilo e Inmigrantes Juveniles Especiales. Antes de integrarse a la ACLU, él se desempeñó como voluntario con No Más Muertes en Tucson, donde él fue coautor de Cultura de crueldad, un reporte que documentó el abuso generalizado de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera EE.UU.-México. Lyall es nativo de Massachusetts y egresado del Centro de Derecho de la Universidad Georgetown, en donde él completó un programa certificado de Refugiados y Emergencias Humanitarias.
Mitra Ebadolahi (comenzó en San Diego el primero de mayo de 2013) fue la Pasante Nadine Strossen inaugural con el Proyecto de Seguridad Nacional de la ACLU en Nueva York. Sus áreas de especialización incluyen: ley constitucional y administrativa y litigio, particularmente en las áreas de derechos de los inmigrantes y la justicia racial, la ley internacional de derechos humanos, especialmente los derechos económicos y sociales, y la ley de seguridad nacional y la política; y peticiones de FOIA y litigio. Después de asistir a UCLA como una estudiante universitaria y a la Escuela de Economía de Londres como Becaria Fulbright Reino Unido-Estados Unidos, Ebadolahi completó sus estudios de derecho (JD '08, '11 LL.M.) en la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York. Mientras estaba en la NYU, fue una Becaria Root-Tilden-Kern/Filomen D’Agostino y Becaria del Instituto de Derecho Internacional y Justicia/Hugo Grotius. Después de la graduación, Ebadolahi trabajó como secretaria judicial de la Jueza Betty B. Fletcher en la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones en Seattle, Washington, y para la Jueza Margaret M. Morrow en la Corte de Distrito de EE.UU. para el Distrito Central de California, en el centro de Los Ángeles, California.
###
