PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 17 de septiembre 2013
CONTACTO: Steve Kilar, ACLU de Arizona, 602-492-8540, skilar@acluaz.org Isabel Alegría, ACLU Nacional 415-343-0785, 646-438- 4146, media@aclu.org Adela de la Torre, Centro Nacional de Leyes Migratorias, 213-400-7822, delatorre@nilc.org
PHOENIX – Una coalición de organizaciones de derechos civiles y de inmigrantes criticó hoy una nueva política de la División de Vehículos Motorizados de Arizona que termina la práctica de expedir licencias de conducir a ciertos inmigrantes quienes reciben autorización federal para vivir y trabajar en los Estados Unidos.
“Este es un cambio de política vengativo que es motivado por fines políticos, y el deseo de Brewer de eludir una demanda”, dijo Alessandra Soler, directora ejecutiva de la ACLU de Arizona. “Esto solamente refleja su animadversión hacia los DREAMers y su deseo irracional de castigar aún más a inmigrantes lícitamente presentes, incluyendo mujeres y niños abusados”.
El estado anunció hoy que terminará su bien establecida práctica de expedir licencias de conducir a todos los inmigrantes concedidos de “acción diferida” por el gobierno federal, la cual les permite permanecer en el país por cierto periodo de tiempo sin la amenaza de deportación, y los hace elegibles para permisos de trabajo y números de Seguro Social. Por los últimos ocho años, el estado ha expedido licencias y tarjetas de identificación casi 40 mil veces a no ciudadanos con permisos de trabajo, de acuerdo a nuevos reportes. En agosto de 2012, la gobernadora expidió una orden negando específicamente licencias a inmigrantes jóvenes conocidos como DREAMers, a quienes se les conceden permisos para vivir y trabajar aquí bajo un programa federal de acción diferida, el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés). Ahora ella está extendiendo la política para incluir a otros inmigrantes concedidos de estatus de acción diferida.
“La gobernadora Brewer puede tratar de empaquetar la política y presentarla de manera diferente, pero es la misma política”, dijo Jenny Chang Newell, abogada del personal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “La política de Arizona de negarle licencias a los DREAMers es aún inconstitucional, aún si el estado ha decidido aplicarla aún a más inmigrantes que tienen permiso federal de vivir y trabajar aquí. En vez de excluir a más inmigrantes trabajadores, Arizona debía de unirse al resto del país en encontrar soluciones de largo plazo que les ayudarán a lograr el sueño Americano”.
El cambio de política viene de la mano de una decisión de una corte federal de distrito en mayo en una demanda presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés), el Centro Nacional de Leyes Migratorias), el Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y Educación (MALDEF por sus siglas en inglés), y la ACLU de Arizona. La decisión encontró que la orden de la gobernadora Brewer en agosto de 2012 que niega las licencias fue discriminatoria. Entre aquellos a quienes ahora les serán negadas las licencias están inmigrantes que han sido permitidos por el gobierno federal de permanecer en el país por razones humanitarias, incluyendo a ciertos sobrevivientes de violencia doméstica y a víctimas de tráfico humano y explotación sexual.
“En su celo, la gobernadora Brewer ha hecho un cambio de política que no solamente es anti-inmigrante, sino también es anti-mujer”, dijo Karen Tumlin, abogada de gestión del Centro Nacional de Leyes Migratorias. “Ahora, los sobrevivientes de violencia doméstica que están en el proceso de ajustar su estatus no podrán obtener las licencias que ellos necesitan. Este tipo de cambio de política solamente demuestra que los políticos de Arizona están más interesados acerca de anotar puntos políticos que de garantizar la seguridad de sus residentes”.
Aunque en su decisión de mayo la corte declinó ordenar un interdicto judicial para la política que afecta a los DREAMers, esta concluyó que la política diferenció injustamente a estos inmigrantes jóvenes, mientras que le permitía a otros inmigrantes obtener licencias de conducir, incluyendo a todos los otros inmigrantes que han sido concedidos de acción diferida y permiso de trabajo. En lugar de terminar la práctica de excluir a los inmigrantes jóvenes, Brewer decidió extender la prohibición a otros inmigrantes que habían sido concedidos licencias de conducir por años.
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