En su primera acción legal de su tipo, la ACLU afirma que el Departamento de Policía del Sur de Tucson está violando derechos constitucionales en el uso de la ley ‘muéstreme sus papeles’
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 12 de noviembre 2013
CONTACTO: Steve Kilar, ACLU de Arizona, (602) 492-8540, skilar@acluaz.org Isabel Alegría, Proyecto de Derechos de los Inmigrantes, 415-343-0785, 646-438-4146, media@aclu.org
TUCSON – La Unión Americana de Libertades Civiles está avisando a las agencias del cumplimiento de la ley por todo Arizona que serán hechas responsables por violaciones constitucionales que resulten de la implementación de la ley estatal ‘muéstreme sus papeles’, la Sección 2(B) de la SB1070, un estatuto antiinmigrante promulgado hace tres años.
La ACLU inició un reclamo judicial hoy en contra del Departamento de Policía del Sur de Tucson a nombre de Alex Valenzuela, un DREAMer que fue ilegalmente detenido y llevado a la Patrulla Fronteriza este verano por oficiales de Tucson.
La organización envió un “aviso de demanda” al departamento de policía, el primer paso para buscar un desagravio a nombre de Alex. El año pasado, la Corte Suprema de EE.UU. declinó prohibir la Sección 2(B) de la SB1070 porque halló una “una inseguridad básica” acerca de lo que en realidad la ley requiere de los oficiales de las agencias del orden. La situación de Alex, y de numerosos otros en todo el estado, demuestra que — justamente como la ACLU y otros grupos de derechos civiles han argumentado— la ley autoriza y alienta inconstitucionalmente prácticas ilegales de la policía. Este es el primer desafío a la Sección 2(B) desde que entró en vigor en septiembre de 2012.
Alex, de 23 años, estaba como pasajero en un auto estacionado el 13 de julio cuando oficiales de policía del Sur de Tucson lo detuvieron con el fin de preguntarle acerca de su ciudadanía. Aún cuando él proveyó varias formas de identificación y no había cometido ningún crimen, los oficiales lo arrestaron ilegalmente y condujeron a Alex a la sede del Sector Tucson de la Patrulla Fronteriza en donde estuvo detenido por cinco horas adicionales.
“A los oficiales no les importó que yo no había cometido un crimen”, dijo Alex. “Esto es lo que pasa cuando la policía actúa como oficiales de inmigración y este es otro ejemplo de por qué la policía ha perdido la confianza de la comunidad”.
La policía del Sur de Tucson detuvo a Alex sin otra razón que la de averiguar su ciudadanía y estatus de inmigración. Alex no fue acusado de un crimen que surgió del incidente en el momento de la detención ilegal ni lo ha sido desde entonces. El aviso de demanda explica que las acciones de los oficiales de la policía del Sur de Tucson equivalieron a un falso arresto, violaron el derecho de Alex a la protección igualitaria ante la ley y abusaron de su derecho de estar libre de incautaciones irrazonables.
“Hemos sido informados de docenas de incidentes en donde la policía ha violado los derechos de individuos a causa de la ley “muéstreme sus papeles”, dijo James Lyall, el abogado de litigio fronterizo de la ACLU con sede en Tucson. “Los oficiales acosan rutinariamente a personas que no han cometido un crimen al demandarles una identificación. Sin mejoras importantes a las políticas y prácticas de la policía, estas violaciones a los derechos persistirán. Como muestra la reciente victoria de la ACLU en contra del Alguacil del Condado de Maricopa Joe Arpaio, las cortes harán responsables a los departamentos de policía por violaciones constitucionales continuas”.
Otros abusos documentados por la ACLU que han ocurrido a causa de la Sección 2(B) incluyen:
- El encarcelamiento por parte de la policía de Mesa de un ciudadano latino de 67 años después de que él sacó una botella de agua de un bote de basura;
- El encarcelamiento por parte de la policía de Casa Grande y la transportación a la oficina de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. del pasajero de un carro que fue detenido por tener fundida una luz trasera de un vehículo;
- El cuestionamiento por parte de la policía de una mujer acerca de su estatus de inmigración después de que les llamó para asistirla en una situación de violencia doméstica; y
- El registro inconstitucional por parte de la Policía de Phoenix de un residente legal que fue interrogado acerca de su estatus de inmigración mientras recogía su auto de un lote de vehículos incautados.
“El reclamo de Alex en contra del Departamento Policía del Sur Tucson es representativo de problemas policiales a través de Arizona que han surgido desde la promulgación de la Sección 2(B)”, dijo Christine P. Sun, una abogada con el Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU. “Las agencias de la ley deben de estar protegiendo a la comunidad y asegurando la seguridad pública, no incurriendo en prácticas que seleccionan a la gente para un trato que es injusto en virtud de nuestra Constitución”.
Además de este reclamo judicial, la ACLU y sus socios han estado hablando con departamentos de policía y gobiernos locales en todo el estado para informales sobre las fallas básicas de la ley, explicándoles que la SB1070 no triunfa sobre la Constitución de los EE.UU., ni proporciona una excusa para una acción policial discriminatoria.
Pulse aquí para acceder una copia del aviso de demanda de la ACLU hecha a nombre de Alex.
Información adicional para la prensa:
Alex and James Lyall estarán disponibles hoy para dar entrevistas en cámara del mediodía a las 2 p.m. en Tucson. Por favor llame 602-492-8540 o envíe un correo electrónico para concertar una hora para la entrevista.
James Lyall se testificando ante el Consejo de la Ciudad de Tucson mañana por la tarde sobre la política del Departamento de Policía de Tucson que se refiere a la aplicación de la ley SB 1070. Por favor, correo electrónico si usted quiere una copia de un amplio testimonio escrito de la ACLU.
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