Seguimiento continuo de la implementación de la SB 1070 por la policía revela nuevo incidente de discriminación racial
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 4 de abril de 2014
CONTACTO: Steve Kilar, ACLU de Arizona, (602) 492-8540, skilar@acluaz.org Isabel Alegría, Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU, 415-343-0785, 646-438-4146, media@aclu.org
TUCSON – La Unión Americana de Libertades Civiles ha iniciado un segundo reclamo legal en contra de un departamento de policía de Arizona que se deriva de la implementación de la disposición “muéstreme sus papeles” de la SB 1070, afirmando que la ley continúa resultando en la violación de los derechos constitucionales de las personas.
El reclamo legal de hoy en contra del Departamento de Policía de Tucson (TPD) a nombre de Agustín Reyes y Arturo Robles, se refiere a una parada de tráfico el pasado ocho de octubre por oficiales de policía que detuvieron a los dos hombres después de seguir su camioneta. Los oficiales afirman haber parado la camioneta por tener fundida una luz de la placa pero dentro de minutos después de pedir el registro del vehículo, un oficial les preguntó a los dos hombres “de dónde eran ellos”. Los oficiales le pidieron al señor Reyes su licencia de manejo, y al señor Robles su identificación, ninguna de las cuales tenían los hombres. Ambos cooperaron al dar sus nombres a los oficiales. Los oficiales detuvieron a los dos hombres y llamaron a la Patrulla Fronteriza.
“Esto es discriminación racial, pura y simple”, dijo Christine P. Sun, una abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes. “El señor Reyes y el señor Robles fueron detenidos por ninguna otra razón que para que la policía verificara su estatus de inmigración y llamar a la Patrulla Fronteriza. Este tipo de acoso no debe ser tolerado”.
Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. llegaron y tomaron a los hombres bajo custodia. Al final, el señor Reyes fue infraccionado por una luz fundida de la placa y por manejar sin una licencia, lo cual el pagó en su totalidad. El pasajero del vehículo no fue acusado de ningún crimen o violación derivados del incidente.
“En ese momento me sentí tan impotente”, dijo Agustín reyes. “Es muy difícil estar en esa situación, porque uno da por hecho que la policía está para proteger a la gente. Cuando esto sucedió, yo pensé que ellos llamarían a la Patrulla Fronteriza, y es exactamente lo que hicieron. Mucha gente tiene miedo de llamar a la policía ahora porque creen que serán hostigados como lo fui yo”.
Cuando la Patrulla Fronteriza trató de irse con los dos hombres detenidos, un grupo de personas de la Iglesia Presbiteriana del Lado Sur se reunieron, de acuerdo a un reporte del diario Arizona Daily Star. Su protesta fue la culminación de la frustración de la comunidad acerca de los esfuerzos continuos y equivocados del TPD de hacer cumplir la ley de inmigración desde la aprobación de la SB 1070. El reporte de la noticia también observó que los oficiales de policía usaron gas pimienta para dispersar al grupo de aproximadamente 100 personas. En ese momento, el Jefe de la Policía de Tucson, Roberto Villaseñor, sostuvo una conferencia de prensa para defender las acciones de los oficiales.
“Aunque el jefe Villaseñor se ha opuesto a la SB 1070 en el pasado, las acciones recientes de su departamento hablan más fuerte que las palabras”, dijo Alessandra Soler, directora ejecutiva de la ACLU de Arizona. “Sus oficiales se están escondiendo detrás de la SB 1070 para justificar dar prioridad al cumplimiento de la ley de inmigración por encima de la seguridad pública, y estas prácticas están creando una división aún mayor entre la policía de Tucson y la comunidad. Él ha adoptado prácticas policiacas al estilo de Arpaio que son inaceptables bajo nuestra Constitución, incluyendo la interrogación de los pasajeros sobre su estatus migratorio y detener a personas basados en nada más que el color de su piel. Es tiempo de hacerle rendir cuentas y detener estas prácticas abusivas”.
En 2012, el Tribunal Supremo de EE.UU. declinó ordenar la aplicación de la Sección 2(B) porque encontró una “incertidumbre básica” acerca de lo que la disposición requiere en realidad de los oficiales de la ley. El seguimiento de la implementación de las agencias de la ley de la disposición “muéstreme sus papeles” ha demostrado que— justo como la ACLU y otros grupos de derechos civiles han argumentado—la ley autoriza y alienta inconstitucionalmente prácticas ilegales de la policía.
El año pasado, la ACLU tomó acción en contra del departamento de Policía del Sur de Tucson (STPD) de parte de un hombre que fue ilegalmente detenido por oficiales y entregado a la Patrulla Fronteriza. Ese reclamo acusó de falso arresto y encarcelamiento, registro e incautación irrazonables y violación de su protección igualitaria ante la ley. Las negociaciones acerca del reclamo están actualmente en curso entre el STPD y la ACLU.
Otros abusos documentados por la ACLU que han ocurrido por causa de la Sección 2(B) incluyen:
- El encarcelamiento de parte de la Policía de Mesa de un latino de 67-años de edad que sacó una botella de agua de un bote de basura de una tienda de conveniencia;
- El encarcelamiento y transporte de parte de la Policía de Casa Grande a Inmigración y Control Aduanas de EE.UU. de un pasajero de un auto que fue parado por tener el auto una luz trasera fundida;
- El interrogatorio de la Policía de Tucson de una mujer acerca de su estatus de inmigración después de que ella los llamó para ayudarla con una situación de violencia doméstica; y
- El registro y detención de un residente legal por parte de la Policía de Phoenix que fue interrogado acerca de su estatus de inmigración mientras estaba recogiendo su auto de un depósito de vehículos incautados
Además de los reclamos legales en contra del STPD y el TPD, la ACLU y sus socios han estado hablando con departamentos de policía y gobiernos locales por todo el estado para informales acerca de las fallas básicas de la ley, explicándoles que la SB 1070 no supera a la Constitución de EE.UU. ni proporciona una excusa para prácticas policiales discriminatorias.
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