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COMUNICADO DE PRENSA
7 de agosto de 2014
Contactos:
Caroline Picker, Puente, media@puenteaz.org, 510-501-7276
B. Loewe, Red Nacional de Jornaleros, bloewe@ndlon.org, 773-791-4668 Alessandra Soler, ACLU de Arizona, asoler@acluaz.org, 602-301-3705
Trabajadores piden un alto inmediato a las redadas de Arpaio en los lugares del trabajo pendiente al resultado del caso
Los demandantes piden a la corte un interdicto preliminar del cumplimiento de las leyes estatales en las cuales se basan las redadas
PHOENIX – Trabajadores con el grupo de derechos de los inmigrantes Puente –junto con la Reverenda Susan Frederick-Gray y abogados con la Red Nacional de Jornaleros, la Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona, la Clínica de Derechos de Inmigrantes del Colegio de Leyes de Irvine de la Universidad de California y el Bufet Jurídico de Ray A. Ybarra Maldonado— solicitó hoy a una corte federal que detenga a la Oficina del Alguacil del Condado Maricopa (MCSO) y a la Oficina del Fiscal del Condado Maricopa (MCAO) de usar dos leyes estatales de delito mayor de robo de identidad disputadas que toman como objetivo a trabajadores inmigrantes pendiente al resultado del reto constitucional del grupo.
La demanda colectiva, Puente Arizona vs. Arpaio, fue presentada por los grupos en junio. Esta desafía el cumplimiento del Condado Maricopa de leyes estatales aprobadas por legisladores de Arizona en 2007 y 2008 que convierten a los inmigrantes en criminales por mantener a sus familias. Desde entonces, el MCSO ha arrestado cerca de 790 trabajadores bajo la ley.
“Nuestros miembros van a trabajar, sabiendo que podrían no volver al hogar si Arpaio y Montgomery deciden llevar a cabo otra redada. No podemos esperar más para que las redadas sean detenidas. Cada día que el MCSO y el MCAO toman como objetivo a nuestras comunidades es demasiado un día más. Necesitamos un alivio inmediato del daño que las redadas están causando’, dijo Carlos García de la organización demandante Puente.
“Los demandantes tienen derecho a un interdicto preliminar que detenga el cumplimiento de esta leyes injustas e inconstitucionales. El MCSO y el MCAO no pueden violar los derechos de los trabajadores con impunidad, y esperamos que la Corte emita pronto este fallo”, dijo la abogada Jessica Karp Bansal de la Red Nacional de Jornaleros, la cual está representando a los demandantes.
“La única razón por la cual yo no tengo una permiso de trabajo DACA ahora es porque fui arrestada en una redada mientras trabaja para pagar por mi solicitud. Estuve detenida en la cárcel de Arpaio por tres meses, alejada de mi familia, sin saber que me pasaría. No creo que nadie deba de pasar por lo que yo pasé por causa de Arpaio y Montgomery”, dijo Noemí Romero, un miembro de Puente que proporcionó una declaración para apoyar la petición del grupo.
“Continuaremos combatiendo a oficiales estatales y locales que rechazan lo mejor que este país debe defender”, dijo Dan Pochoda, Director Jurídico de la ACLU de Arizona y co-asesor legal de los demandantes. “Esta demanda es un antídoto necesario al clamor por más deportaciones y el sacrificio de derechos constitucionales en el proceso”.
Demandantes adicionales incluyen a la residente de Glendale Sara Cervantes Arreola y la residente de Phoenix Guadalupe Arredondo. La demanda alega que dos estatutos de Arizona, A.R.S. § 13-2008 y § 13-2009, son precedidos por la ley federal y violan la Cláusula de Protección Igualitaria de la Constitución de EE.UU. Una lista completa de abogados incluye a los profesores Annie Lai y Sameer Ashar de la UCI Clínica de Derechos de Inmigrantes; Jessica Karp de NDLON; Dan Pochoda de la Fundación ACLU de Arizona; y Ray Ybarra Maldonado Bufet Jurídico de Ray A. Ybarra Maldonado.
El informe breve propuesto por el demandante en apoyo de su petición de un interdicto preliminar puede ser accedido aquí.
Entrevistas con los demandantes y abogados están pueden ser solicitadas.
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