Juez federal dictamina que ‘dreamers’ pueden mantener sus licencias
ACLU de Arizona llama al gobernador Ducey a abandonar las políticas divisivas de su predecesora
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22 de enero de 2015
CONTACTO: Steve Kilar, ACLU de Arizona, 602-492-8540, skilar@acluaz.org
PHOENIX – Arizona ha sido prohibida permanentemente de retener licencias de conducir y otra identificación emitida por el estado a los jóvenes inmigrantes que han sido concedidos permiso para vivir y trabajar en EE.UU. en el marco del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), dictaminó un juez federal la noche del jueves.
En el fallo de hoy, el juez de distrito David G. Campbell hizo permanente su orden de diciembre ordenando temporalmente a Arizona a hacer cumplir la prohibición de licencias de conducir para estos jóvenes inmigrantes, comúnmente llamados Dreamers. La ex gobernadora de Arizona, Jan Brewer instituyó la prohibición en 2012.
Alessandra Soler, directora ejecutiva de la ACLU de Arizona, que representó a los demandantes en la demanda Arizona Dream Act Coalition, y otros. vs. Brewer, tuvo esto que decir sobre el fallo del jueves:
"La decisión prepara el camino para que estos jóvenes inmigrantes contribuyan más plenamente a nuestras comunidades y envía un mensaje claro al gobernador Ducey de que las políticas antiinmigrantes de su predecesora eran jurídicamente erróneas y fueron hechas a un gran costo para los contribuyentes de Arizona. Tenemos la esperanza de que el gobernador Ducey cumplirá su promesa de campaña de traer una nueva era a Arizona al abandonar las medidas anti-inmigrantes divisivas que echaron a perder las perspectivas económicas e hicieron de Arizona un hazmerreír. Es hora de que los líderes de Arizona acojan políticas que nos unan y nos muevan hacia adelante".
Además de la ACLU de Arizona y la Unión Americana de Libertades Civiles, el Centro Nacional sobre Leyes Migratorias y el Fondo Mexicano Americano para la Defensa Legal y la Educación desafiaron la orden ejecutiva de Brewer y políticas relacionadas en los tribunales, alegando que la prohibición violaba el derecho constitucional de los destinatarios de DACA a una protección igualitaria bajo la ley.
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